Juez se opone a sobreseimiento de acusados por préstamos irregulares
El juez Rubén Riquelme, ante quien ayer se hizo la audiencia preliminar, se opuso al pedido de Rojas y remitió el caso al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien finalmente decidirá si ratifica el pedido de sobreseimiento provisional o la acusación, para que los involucrados vayan a juicio oral.
Según fuentes, en el caso hay mucho interés de las autoridades del BNF de cerrar el proceso, ya que esta causa de los préstamos irregulares podría destapar otros hechos de corrupción en la institución.
Llamativamente, el asesor jurídico Néstor Suárez, quien participó de la audiencia, no se opuso al pedido de Rojas, quien solicitó el sobreseimiento provisional de los que habrían causado el perjuicio al BNF.
Si el banco fue la víctima, el asesor jurídico tendría que haber insistido en el juicio oral a los acusados, así como pidió la fiscala Cano, quien fue recusada como parte de la maniobra de los que buscan blanquear la causa.
La asesoría jurídica del Banco de Fomento está a cargo del exfiscal general del Estado Óscar Latorre, quien a su vez cuando era titular del Ministerio Público le tuvo como asesor financiero al actual presidente del BNF, Carlos Pereira.
La rectificación
En la audiencia de ayer la fiscala Rojas enumeró varias diligencias que supuestamente son necesarias para determinar la implicancia de los acusados. Es decir, no la convencieron los argumentos esgrimidos en la acusación por su colega Cano.
La postura de Rojas favoreció a Óscar René Leguizamón, Wilfrido Gabriel Páez, Rossana Luraghi Arce, Alicia Josefina Ascurra Martínez y Jennifer Karina Domínguez –quien solicitó la aplicación del procedimiento abreviado– y su entonces pareja Paulino Gamarra. Con respecto a este último se había solicitado la suspensión condicional del procedimiento, ya que había admitido los hechos. Sin embargo, ahora es beneficiado con el provisional.
Los hechos ocurrieron entre el 1 de julio de 2013 y el 3 de abril de 2014. Los acusados obtenían préstamos irregulares del BNF a funcionarios públicos, que no lo podían conseguir porque figuraban como morosos. Por la “gestión” cobraban G. 5 millones. Era una supuesta asociación criminal.