Miércoles, 29 de julio de 2015

(desde www.ultimahora.com)

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Juez otorga medida alternativa a la prisión a secretaria vip

Juez otorga medida alternativa la prision secretaria vip
El juez penal de Garantías, Alcides Corbeta, otorgó medidas alternativas a la prisión para la secretaria vip, Liz Paola Duarte. La mujer está imputada por cobrar horas extras sin estar presente en la Contraloría.

Liz Paola Duarte acudió este miércoles para su audiencia de imposición de medidas ante el juez Penal de Garantías, Alcides Corbeta. El magistrado dispuso medidas alternativas a la prisión a pedido del Ministerio Público y de la defensa.

La ex funcionaria de la Contraloría tiene prohibido salir del país y deberá presentarse al Juzgado en los primeros diez días de cada mes. También impuso una fianza personal de su abogado por la suma de G. 600 millones.

El magistrado mencionó que la procesada realizará oportunamente su declaración indagatoria ante la Fiscalía, informó el periodista de ÚH, Raúl Ramírez.

La fiscal Victoria Acuña imputó a la mujer por el delito de cobro indebido de honorarios en calidad de autora.

La imputación señala que la misma no se habría presentado en los horarios correspondientes, desde enero hasta diciembre del 2014 y desde enero hasta el 16 de mayo de 2015. Sin embargo, cobraba sueldos y remuneraciones por horas extras y adicionales.

Por la misma causa, los principales procesados son el contralor general de la República, Óscar Velázquez y la subcontralora, Nancy Torreblanca.

Otros imputados son Hugo Javier Pereira Paredes y Luisa Almada. El primero es investigado por, presuntamente, ostentar un cargo de nivel profesional a pesar de no contar con un título universitario, además de no prestar servicios en los horarios establecidos En el caso de Almada, menciona que en su carácter de directora general de Administración de la Contraloría firmó las planillas de pago de remuneraciones extraordinarias y de sueldos a favor de Liz Paola Duarte, Horacio Coelho y Reinaldo Gadea, a pesar de que estos no prestaron servicios en los horarios establecidos.

La investigación fiscal detectó un perjuicio patrimonial de G. 1.121.319.953 a través del pago irregular de salarios y horas extras a funcionarios que no prestaban servicio o bien no contaban con los títulos universitarios que les requerían sus cargos.