Los procuradores más destacados de América Latina
Dada la jerarquía del Ministerio Público Fiscal, muchos especialistas lo han considerado como el “cuarto poder" de la democracia por su autonomía funcional y financiera. En buena parte de los países pasó a estar compuesto por el Ministerio Público de la Defensa, a cargo del defensor general, y el Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita del procurador general.
La figura del Procurador fue definida por especialistas como “un rol clave en la República” y su importancia en la profundización del sistema democrático. “En definitiva, es una figura central para el sector judicial ya que puede darle una impronta más progresista, más conservadora o corporativa a la actuación del Ministerio Público Fiscal y de los fiscales, definiendo un perfil más o menos dinámico en el control de la administración pública".
Más allá de las distintas legislaciones en la región, centralmente, las potestades más relevantes del procurador general son:
- Diseñar y establecer la “política criminal”: El principio de “unidad de acción” y, en función de ello, le brinda al procurador la facultad de emitir criterios básicos a los fiscales. “Estas instrucciones generales pueden llegar a significar una reforma legal, sobre todo, en las causas en las que las falencias de los fiscales no son suplidas por las querellas”.
- Sancionar a funcionarios y remover a los fiscales a través del Tribunal de Enjuiciamiento. Esta facultad toca aspectos sensibles, en la medida en que puede ser una herramienta de presión para acosar a fiscales "díscolos" o ser complaciente con fiscales "afines’
- Ser el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el procurador es el encargado de elaborar el “dictamen” que debe tener el Tribunal en su poder antes de fallar en una causa. Su dictamen no es vinculante, pero, en la mayoría de los casos, la CSJN opta por seguirlo, por lo cual es vital que el procurador tenga una solvencia jurídica equiparable a la de un juez supremo.
También es importante ─en los distintos países de diferente modo─ la función del procurador general como responsable final de la estructura administrativa y logística que incumbe a las fiscalías. Esto se debe a que, en algunos casos, puede haber una política criminal implícita que, al limitar recursos humanos y materiales a ciertas unidades, fiscales o tipo de causas les dificulta en la práctica ejercer la acción fiscal.
El procurador general tiene la potestad de imprimir un claro curso a su gestión y a las de las fiscalías mediante los distintos instrumentos legales que posee, lo que explica las diferencias existentes entre las gestiones en un mismo país o entre países.